Se observan con prioridad los delitos informaticos.

“Hackers” impunes y administradores irían a la cárcel
Especialistas insisten en vacíos de Código Penal

Especial para ENDElecciones, hackers, servidores web y ley sin aprobar. Cuatro tonos de un mismo tenor, que pretenden llamar la atención acerca de un grave problema: Nicaragua no tiene una legislación adecuada que castigue los delitos informáticos por tanto los delincuentes quedan impunes.El diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la AN, contradijo el miércoles de esta semana a especialistas en informática que apoyan la creación de una Ley contra Delitos Informáticos.“Dan muchas vueltas y todos esos delitos se podrían conglobar en uno solo, así que no tenía sentido crear una ley paralela y con la doble penalización”.Sin embargo, el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Sergio Cuarezma, asegura que “si la ley no dice expresamente en qué forma se comete el delito, no se puede enviar a nadie (hacker o no) preso”.Por su parte, Cornelio Hopmann, especialista en informática, señaló en un correo enviado al foro de Gobierno Electrónico del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt), que en Nicaragua “nadie debe sorprenderse si, tal como funciona la aplicación selectiva de la justicia, más el cero conocimiento técnico de jueces y abogados, éste conjunto de nuevos delitos se aplica según conveniencia coyuntural”.Para Hopmann, en el nuevo código han entrado en vigencia una serie de artículos sobre delitos informáticos “muy mal redactados, posiblemente por la traducción del original en inglés, que ponen a usuarios, tanto individuales como corporativos, a un paso de la cárcel”.Interpretación de la leyPor ejemplo, en el título tercero del Código Penal referido a delitos cometidos contra la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, artículo 197, dice: “El que sin autorización de ley promueva, facilite, autorice, financie, cree o comercialice un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar a las personas naturales o jurídicas, será penado con prisión de dos a cuatro años y de trescientos a quinientos días multa”.Sin embargo, a criterio del especialista, estos artículos quedan ambiguos al referirse a delitos informáticos y hackers de un solo tiro, porque el mismo podría aplicársele a otros involucrados.Como es el caso del “hackeo” a la página web del Consejo Supremo Electoral, CSE, donde los administradores podrían ser acusados de no proteger debidamente los datos de los ciudadanos en el servidor que maneja el padrón electoral de consulta.